Fecha: 16 mayo, 2014

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asegura que hubo mala atención y retraso en el diagnóstico, mientras que el Defensor del Paciente critica que se intentara «esconder» y «mentir» en el caso. Los padres, que ahora cuidan de un hijo con una discapacidad del 96%, piden que no vuelva a suceder algo similar

Ocurrió en marzo del 2008,  en el hospital Río Hortega de Valladolid. Los vecinos de Laguna Alberto Gómez y María Ginés vieron nacer a su hijo tras un parto normal, rápido y no instrumental, en el cual hubo una única incidencia a la que, en un principio, no dieron importancia: la asistente de la matrona realizó un gesto brusco, «como si el niño se resbalara». Ante la preocupación de la madre, la respuesta de la matrona fue: «tranquila, los niños son de goma».

Parecía que todo iba bien durante las primeras horas de su nacimiento, hasta que, la misma noche, el pequeño presentó rechazo al alimento y parecía adormilado. Al día siguiente presentaba además letargia, disminución de la conciencia, hipotonía y disminución del tono muscular.  Sin embargo, las indicaciones iniciales de los pediatras no pasaron de una analítica y la observación, hasta que se produjo un episodio de hipertonía y cianosis y se le trasladó a la Unidad de Neonatología por sospecha de lesión neurológica, nada menos que 33 horas después de las primeras manifestaciones de lo que se producía.

Esa misma noche el bebé sufrió una crisis convulsiva, de modo que se le realizó una ecografía cerebral, advirtiendo una hemorragia interna, por lo que se solicitó un TAC craneal, que confirmó la presencia de fractura craneal y una gran hemorragia. El niño fue intubado y trasladado al Hospital Niño Jesús de Madrid, para contar con medios con los que tratar este tipo de hemorragias en neonatos. Según la madre, en el hospital vallisoletano se llegó a decir que «en esos casos lo único que se podía hacer era esperar a que deje de respirar», sin haber intención de hacer nada más. Ya en Madrid se intervino al bebé y se le observó la lesión.

Investigación del caso y consecuencias: 650.000 euros de indemnización

Años después de aquel fatídico momento, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a Sacyl y su compañía aseguradora a pagar una indemnización de 650.000 euros a la familia por las lesiones y secuelas sufridas por el niño, asegurando que se produjo una deficiencia asistencia y un retraso en el diagnóstico de una hemorragia cerebral que causaron importantes secuelas. Tal y como informa Europa Press, el caso fue llevado por los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente a través del abogado Santiago Díez, en cuyo despacho han comparecido en rueda de prensa, además del letrado, la presidenta de la Asociación, Carmen Flores, y los padres del menor, María Ginés y Alberto Gómez, vecinos de Laguna de Duero.

La sentencia, a la vista de las pruebas practicadas, estima que el origen de esa hemorragia cerebral puede considerarse en el mismo momento del parto o inmediatamente después y se tiene en cuenta la apreciación del gesto brusco que observó el padre en el paritorio y el comentario de la matrona a residente que asistía el parto, no negado por ésta. Además, se considera que el parto fue normal y el menor presentaba un estado de absoluta normalidad, pero la evolución posterior indica que se estaba formando la gran hemorragia que después se evidenciaría por las pruebas realizadas, sin que se pusieran los medios necesarios para detener su avance y los daños neurológicos asociados a ella.

En la sentencia se pone de manifiesto que se retrasó el diagnóstico al no observarse los signos que alertaban de lo que ocurría, al igual que después de la crisis convulsiva, cuando podrían haberse puesto en marcha los mecanismos diagnósticos necesarios. De esta forma, la sentencia considera que tras la crisis convulsiva, con sospecha de lesión neurológica, resulta excesivo el tiempo en la realización de las pruebas diagnósticas así como en la toma de decisiones por parte del personal médico, cuando la hemorragia cerebral en un recién nacido tiene un riesgo de mortalidad en torno al 30% y aún sabiendo que no tenían los medios necesarios para la intervención quirúrgica que el menor precisaba urgentemente.

Actualmente el menor presenta una encefalopatía multiquística, con hemiparesia derecha grave y retraso psicomotor (alteración grave del lenguaje, no camina ni gatea, por lo que precisa silla de ruedas, y no controla esfínteres). Se ha reconocido al niño una discapacidad del 96%, con asistencia de terceras personas para su cuidado personal y vigilancia.

La presidenta de El Defensor del Paciente ha calificado de «buena» la condena aunque considera que es «insuficiente» porque considera que se debería ser más «duros» con los profesionales. Además, para el abogado Santiago Díez lo que se refleja es la falta de medios en Castilla y León, donde sólo hay una unidad de neurocirugía para niños y hay que derivar a los pacientes a Madrid, de manera que cuando se produce un retraso en Valladolid, éste crece de manera exponencial si se tiene en cuenta el desplazamiento. Díez ha señalado que lo que se evidencia es un retraso en el diagnóstico y el tratamiento por falta de medios, a lo que considera que alguien tiene que «poner coto».

Además, ha incidido en que ahora los padres de este niño tienen que hacer un esfuerzo «tremendo» para llevar a cabo un tratamiento especializado por parte de empresas privadas, ya que no hay unidades de daño cerebral en Castilla y León. Así, ha afirmado que hay que «invertir» para evitar que esto vuelva a ocurrir y ha incidido en que esto «no está pagado con dinero, obviamente», aunque algo se ayude, y ha criticado lo bajo que se pagan errores de este tipo en España frente a otros lugares de Europa.

Por su parte, la madre del niño afectado ha asegurado que lo que le gustaría es que esto no volviera a ocurrir, aunque ha incidido en que todos son «humanos» y se puede cometer un error, pero ha exigido que si se produce un fallo se busque pronto la solución, lo que en este caso habría supuesto unos daños más leves y probablemente el niño, que asegura que es «muy feliz», no estaría en silla de ruedas. María Ginés ha afirmado que «jamás» ni el hospital ni la Administración han pedido perdón ni han vuelto a ver a las personas que intervinieron en el parto y en lo que sucedió después. El padre del menor ha añadido que «no debería ser una lotería» que se vaya a dar a luz a un hospital y pueda vivirse una situación de este tipo.

En esta línea, Carmen Flores ha asegurado que son errores «no permisibles» y ha reclamado medidas para evitar estos casos, que hacen perder credibilidad a los hospitales y a los profesionales, aunque la mayoría sean buenos. Por otra parte, ha criticado que los elementos necesarios para garantizar la vida del niño tales como sillas de ruedas o grúas para ayudar a meterle en la bañera o en la cama tributen «como un coche de lujo», con un 21% de IVA.