La ex alcaldesa de Boecillo, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación

La Audiencia de Valladolid ha dado a conocer la sentencia este jueves, en la que absuelve además a la acusada de malversación y de otro delito contra los derechos de los trabajadores

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a la ex alcaldesa de Boecillo por un delito de prevaricación a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carácter electivo por tiempo de nueve años, así como a una décima parte de las costas de este proceso, incluidas las de la acusación particular. Además, en la sentencia conocida este jueves, se absuelve a María Ángeles Rincón, alcaldesa entre 2015 y 2019, tiempo en el que gobernó dentro del partido Ciudadanos, de los restantes delitos de prevaricación y de otros delitos de malversación de caudales públicos y delitos contra los derechos de los trabajadores que se le imputaban.

La exalcaldesa estaba acusada de haber autorizado a un agente de la Policía Local compatibilizar el puesto con el de jefe de Obras y por la comisión de distintas irregularidades en la ejecución de distintos proyectos urbanísticos, por lo que la Fiscalía de Valladolid pedía para ella cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por delito continuado de malversación y otros quince de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Los hechos que se remontan al 9 de noviembre de 2016, cuando la entonces alcaldesa propuso el nombramiento temporal como encargado municipal de Obras, cargo que se hallaba vacante, de un agente de la Policía Local, y ello a pesar de que la compatibilidad de ambos cometidos no era posible.

La ex alcaldesa defendió en el juicio la licitud de todas sus decisiones como regidora, argumentando que, con respecto a estos últimos hechos, «estaba en la creencia de no estar incurriendo en delito», realizándolos «ante la necesidad de cubrir una serie de servicios esenciales» en el municipio. La ahora condenada sacó a relucir las «malas relaciones» que mantenía con el secretario municipal y enmarcó en este contexto «la dificultad de discernir si los reparos que éste ponía a buena parte de sus decisiones seguían criterios objetivos o no».