Fecha: 27 diciembre, 2021

El grupo municipal llevará al pleno de diciembre una moción para instar al Gobierno Central a salir de dicho tratado al considerar que «obstaculiza la transición energética».

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos en Laguna de Duero presentará en el pleno de diciembre, que se celebrará este martes, una moción solicitando la salida del Estado español del Tratado sobre la Carta de la Energía, del que forma parte desde 1994, al considerar que «obstaculiza la transición energética». A juicio de la formación, dicho acuerdo internacional “está teniendo un efecto inesperado en la soberanía de gran parte de los países signatarios”, con efectos como la “obstaculización de la transición energética, limitación del desarrollo de políticas sociales y endeudamiento de las arcas públicas de los Estados”.

«El TCE tiene un carácter multilateral en cuanto a las inversiones en el sector energético. Su ratificación por parte del Estado español se produjo en un contexto de necesidades energéticas diferente a las actuales, cuando se priorizaban las inversiones en combustibles fósiles. A día de hoy lo integran otros 52 países de Europa y Asia central, además de la Unión Europea (UE) en su conjunto y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)», explican desde la agrupación.

Al respecto, IU-Podemos apunta en el texto de la moción, presentada a nivel municipal en todo el Estado español, que bajo el amparo del TCE “los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados signatarios cuando consideren que han legislado en contra de sus intereses económicos, presentes o futuros”. «La UE y España aspiran a la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, un objetivo indispensable para lograr los compromisos adoptados en el Acuerdo de París en 2015. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) alerta de la necesidad de reducir estas emisiones, que derivan principalmente de la quema de combustibles fósiles», argumentan.

Sin embargo, según detalla la formación política, el TCE “protege las inversiones realizadas en el sector de la energía, sobre todo aquellas relacionadas con los combustibles fósiles”, lo que supone que “solo en Europa, la infraestructura fósil protegida por el tratado asciende a 344.600 millones de euros”.

«Numerosos países que han implementado medidas medioambientales y sociales han sido demandados y condenados a pagar sumas millonarias a inversores extranjeros bajo el TCE. A día de hoy hay 142 demandas conocidas contra los países firmantes del TCE y una cantidad reclamada de más de 52.000 millones de dólares. De estos países, España es el que más demandas ha recibido, con un total de 50, debido a los cambios legislativos en los subsidios a las energías renovables entre 2008 y 2014», explican. «Con 18 demandas resueltas a favor de los inversores, España ya ha sido condenada a pagar 971 millones de euros, aunque la suma total reclamada supera los 10.000 millones de euros», añaden.

«Hace dos años se inició un proceso de negociación para modernizar el TCE y alinearlo con el Acuerdo de París», afirman. No obstante, y según expone IU-Podemos en la moción que impulsa, “tras celebrarse hasta nueve rondas de negociación, no han dado ningún resultado para poner fin a la protección de los combustibles fósiles, eliminar el mecanismo de resolución de controversias ISDS e incorporar mecanismos de acción climática vinculantes.”

«Actualmente, la propuesta de la UE se encuentra bloqueada y el proceso se ha alargado hasta 2022, sin una fecha de finalización concreta», apostillan. El Grupo Municipal IU-Podemos asevera que «España debe salir a la mayor brevedad del TCE ante la ausencia de avances en el proceso de modernización del tratado y la urgencia de desarrollar políticas públicas dirigidas a promover una transición energética justa, que priorice la protección de los intereses de la ciudadanía, las entidades locales y la sostenibilidad de nuestro planeta”.

Asimismo, este martes en el transcurso del pleno, el Grupo Municipal de IU-Podemos avanza que «exigirá responsabilidades por los vertidos de brea y residuos de asfalto en uno de los márgenes del Canal del Duero detectados a principios de este mes y por los cuales ha formulado denuncia contra el Ayuntamiento y la empresa Hergonsa ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid».