Fecha: 10 marzo, 2014

El Ayuntamiento y la Junta pueden recurrir la sentencia ante el Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nulo de pleno derecho la revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por la anterior corporación municipal de Laguna de Duero, al descubrir una relación de parentesco entre el concejal Román Rodriguez (IL) y un empresario que salió beneficiado por el cambio de determinado suelo rústico a suelo urbanizable.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, estima así el recurso interpuesto por el portavoz socialista, Juan José Biosca, contra la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Laguna, en calidad ambas administraciones de demandada y codemandada, respectivamente, y anula la Orden FOM/892/2011 de 23 de junio por la que se aprobó definitivamente la Revisión del PGOU de Laguna para su adaptación a la Ley y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 138 de 18 de julio de 2011.

La resolución del TSJCyL, contra la que cabe recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se fundamenta en el hecho de que el mencionado concejal independiente, que asistió y votó en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 7 de octubre de 2010, debió abstenerse por su relación de parentesco -cuñado-con Manuel Jesús Sanz Parra, socio y apoderado de la entidad mercantil Dríguez Sanz. S.L, titular de varios terrenos en dicho municipio, que había hecho determinadas alegaciones durante la tramitación del citado instrumento de planeamiento.

La Ley de Procedimiento Administrativo señala como causa de recusación: “Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato” y “tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior”.

La sentencia no será firme si el Ayuntamiento o la Consejería de Fomento ejercen su facultad de recurrirla ante el Tribunal Supremo.