Fecha: 4 marzo, 2015

La justicia declara los despidos improcedentes, condenando al Consistorio a readmitirles o bien indemnizarles sumando los salarios no percibidos

El Ayuntamiento de Laguna deberá indemnizar con 113.000 euros a la auxiliar administrativo y con 138.000 euros al economista de la sociedad municipal de urbanismo Prado Boyal. Así lo estima el Juzgado de lo Social a través de sendas sentencias en las que declara improcedente la extinción de sus contratos. El fallo obliga al Consistorio, que gestiona directamente el patrimonio de la entidad, o bien a readmitir a los extrabajadores abonandoles los salarios no percibidos hasta la fecha o bien a indemnizarles con las sumas mencionadas, que corresponden a la indemnización en función del salario mas los salarios de tramitación que no han cobrado en este tiempo.

Desde hace tres años y a consecuencia de la crisis económica la sociedad Prado Boyal se encuentra en proceso de liquidación y está intervenida por un administrador concursal. El Ayuntamiento siempre ha sido único accionista y es subsidiario de la liquidación y el personal. El objeto social de la sociedad consiste desde el primer momento en la realización de estudios, gestión de obras y servicios resultantes de proyectos de urbanización.

De los periodos de bonanza ha quedado de este grupo de empresas una deuda de 1.590.000 euros a entidades financieras a la que se añaden, entre otras obligaciones, los salarios que los dos extrabajadores han dejado de cobrar tras la liquidación. En un primer momento el administrador concursal trató de mediar para incorporar a estos al personal del Ayuntamiento. Sin embargo, esto no llegó a realizarse y contaría con la oposición del sindicato USO.

Finalmente el Ayuntamiento notificó a los dos trabajadores su despido por causas objetivas, lo cual fue denunciado por los exempleados, que consideraban este despido improcedente. Tras más de un año, la justicia condena ahora al Consistorio y resuelve que ambos extrabajadores deben percibir indemnización mas salarios no cobrados, lo cual asciende a 250.000 euros de las arcas municipales.