Fecha: 9 febrero, 2016

La Asociación El Defensor del Paciente considera que el hombre, de 76 años, fue sometido a una prueba innecesaria que le produjo una perforación intestinal que derivó en una infección

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó una sentencia que estima el recurso contencioso administrativo, condenando al Sacyl a abonar 80.000 euros, con imposición de costas, a la familia de un paciente de Laguna de Duero que falleció como consecuencia de una perforación intestinal en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

Un comunicado de la Asociación El Defensor del Paciente, cuyos Servicios Jurídicos tramitaron el caso a través del letrado Antonio Navarro, apunta que J.L.B.P., lagunero de 76 años de edad, disfrutaba de buena salud general, con antecedentes médicos de poco interés. Era una persona saludable que cuidaba su alimentación y su aspecto físico, practicando deportes y haciendo una vida sana.

Con fecha 18 de septiembre de 2012, el paciente acudió al Centro de Salud de Laguna de Duero después de pasar la noche con fuertes dolores abdominales. Fue atendido y derivado al Hospital Río Hortega (Valladolid). Allí fue diagnosticado de cólico de vesícula e ingresado en el Servicio de Digestivo. El caso no es considerado urgente, por lo que es dado de alta tres días después y se programa intervención no urgente. Los días posteriores el paciente se encontraba perfectamente haciendo vida normal.

Unos días después, el 26 de septiembre de ese año, el hombre fue sometido a una Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).

Tras la misma J.L.B.P. comenzó a tener un cuadro de intenso dolor abdominal, abdomen en tabla e inflamado, vómitos, insomnio, deterioro general grave y alarmante, habla con dificultad y casi no puede moverse. No orinó ni defecó desde la prueba. El comunicado del Defensor del Paciente recoge que la doctora lo visitó como cada día por la mañana, pero determinó que el estado del paciente era normal y aunque su aspecto era muy preocupante, el personal sanitario no parecía percibirlo. “El paciente pasó la noche agonizando, siendo sedado por el personal”, añade la asociación.

Los servicios médicos decidieron realizarle un TAC, que determinó que J.L.B.P. había sufrido una perforación intestinal durante la CPRE y tenía que ser intervenido inmediatamente a vida o muerte, ya que padece una sepsis muy grave. El paciente superó la intervención quirúrgica, aunque no fue resolutiva puesto que la infección estaba muy extendida y evolucionada. Fue intubado y sedado, se le colocaron drenajes y pasó a Reanimación.

J.L.B.P. pasó varios días en REA, hasta que el 8 de octubre de 2012 un TAC detectó una isquemia en el colon que obligó a una nueva intervención quirúrgica. De nuevo salió intubado y permaneció en la REA hasta la mañana del día 10, cuando falleció.

La Asociación El Defensor del Paciente considera que fue comprensible realizar una CPRE, ya que la normalidad del páncreas y de la vía biliar principal sin hallazgos de litiasis, hacían innecesaria dicha prueba para llevar a cabo la cirugía. “La innecesaria realización de una prueba agresiva, provocó el fallecimiento del paciente cuando estaba más que demostrada la normalidad de la vía biliar y el páncreas tanto por la ecografía y la colangio resonancia”, sentencia.